El Gobierno de Donald Trump anunció hoy la cancelación de la protección migratoria especial conocida como TPS a la que están acogidos unos 57.000 ciudadanos de Honduras desde que el huracán “Mitch” devastó el país centroamericano en 1998.

El Departamento de Seguridad Nacional les dio de plazo hasta el 5 de enero de 2020 para que abandonen Estados Unidos o regularicen su situación por otros cauces. Quienes no lo hagan, quedarán expuestos a una deportación.

Se trata de un nuevo paso en el marco de las políticas migratorias restrictivas que Trump ha convertido en uno de los pilares de su acción de gobierno. En los últimos meses, llegado el momento de decidir sobre la renovación, canceló entre otros el TPS de los salvadoreños, haitianos y nicaragüenses.

El TPS funciona como un programa de protección humanitaria. Permite obtener refugio en Estados Unidos a ciudadanos de países con circunstancias que dificultan la vida, como un conflicto armado, un desastre natural o una epidemia.

A Honduras se lo concedió la administración del demócrata Bill Clinton después del paso de “Mitch”, un ciclón que en palabras del entonces presidente hondureño, Carlos Flores, destruyó 50 años de progreso en el país.

Desde 1999, todas las administraciones, tanto republicanas como demócratas, han ido renovando cada 18 meses el TPS de los hondureños.

El Gobierno de Trump considera no obstante que las condiciones de alteración de la vida causadas por el huracán ya no existen. “Han descendido hasta un grado que ya no se considera como una alteración sustancial”, señala el comunicado del Departamento de Seguridad Nacional.

Pese a las llamadas de legisladores, líderes religiosos y organizaciones empresariales, entre otros, la administración no ha tenido en cuenta la situación de violencia y pobreza que se vive en Honduras.

Es uno de los países más violentos del mundo. La tasa de asesinatos es de 60 por cada 100.000 personas, una de las más altas del mundo. El país encabeza además la tasa de feminicidios de Centroamérica, con una de las más elevadas del globo.

Las maras se extienden y amenazan a familias y negocios y son uno de sus principales problemas de seguridad. Más allá de la violencia, más de dos terceras partes de la población hondureña vive en la pobreza.

DPA